Es un principio constitucional que permite garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, en el acceso a cargos de elección popular y se traduce como la apertura de mayores espacios de participación política a las mujeres, en la necesidad de incrementar y acelerar el acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisiones, ello por la situación de desventaja que históricamente han padecido las mujeres en la esfera política.

Los Partidos Políticos deben de promover y garantizar la paridad entre los géneros en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso y los Ayuntamientos.

La aplicabilidad del principio de paridad de género debe dimensionarse de forma vertical y horizontal, evitando que un solo sexo sea postulado en distritos de menor competitividad para los Partidos Políticos.